Por Alfredo Varela

La Asamblea Departamental y los Concejos municipales deben encontrar un equilibrio que no obstaculice la productividad y el progreso económico. En este sentido, es esencial que el aumento en los impuestos no limite el desarrollo de los diversos sectores económicos y el bienestar de los habitantes.

La economía del departamento solo funciona si existe una colaboración armónica entre diferentes sectores, donde el capital privado ha sido fundamental.

Aplaudimos la medida de la exención de la tasa de alumbrado público para los estratos socioeconómicos 1 y 2, sin embargo, hicieron mal al trasladar la carga a otros estratos y sectores productivos: Las nuevas tarifas introducen incrementos de hasta el 42% en el sector comercial y del 29% en el residencial, dando un golpe directo a la economía de los barranquilleros de estratos diferentes al 1 y 2 y al sector empresarial de la ciudad.

Por otro lado, la empresa prestadora del servicio de energía tiene una nueva excusa para cobrar más, esto debido a que el Concejo de Barranquilla aumentó el ICA en un 50% para el sector de comercialización y distribución de energía, lo que causará un aumento (nuevamente) en las tarifas de energía.

Además, el impacto del reciente aumento del ICA se extiende a otros sectores comerciales, afectando significativamente al ámbito educativo con un incremento del 80%. Este incremento en la carga tributaria para el sector educativo podría traducirse en mayores costos de matrícula y servicios, generando preocupaciones sobre el acceso a la educación.

Asimismo, el sector de comercio de construcción experimenta un aumento del 42.8%, lo que impedirá el óptimo desarrollo de la inversión en proyectos de infraestructura.

Sumado a esto, el sector de vivienda, también se ha desestimulado toda vez que la Asamblea Departamental mediante ordenanza eliminó la exención en las estampillas Pro - Hospital y Pro - Desarrollo, aumentando los gastos notariales para el comprador en un 127% y para el vendedor en un 104%, según cifras de Camacol Atlántico, limitando así el acceso efectivo a la vivienda para los Atlanticenses.

La preocupación ciudadana es clara: los aumentos en tarifas e impuestos parecen centrarse en recaudar más fondos sin considerar suficientemente la rentabilidad para los sectores productivos y el bolsillo de los ciudadanos. Es necesario que las reformas en los estatutos tributarios estén respaldadas por estudios técnicos que garanticen el bienestar económico de las personas y el desarrollo del sector industrial y comercial del departamento. Todas las decisiones públicas deben basarse en análisis rigurosos que aseguren un impacto positivo en la economía del Atlántico, y que prioricen el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del departamento por encima de todo.